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| Educación presenta un plan para ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje |
| 25-02-2005 |
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Estos estudiantes contarán con clases de refuerzo durante dos horas y cuatro días a la semana
La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, presentó ayer un plan -consensuado con las comunidades autónomas- para ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje, que se podrá poner en marcha en algunos colegios después de Semana Santa. El objetivo es "aumentar los esfuerzos para mejorar el rendimiento académico de la diversidad del alumnado", dijo la ministra.
Durante dos horas y cuatro días a la semana -fuera del horario escolar-, los alumnos que presenten mayor dificultad contarán con clases de refuerzo que impartirán tutores del centro o bien recibirán el asesoramiento de estudiantes de cursos superiores. Las tutorías, ejercidas por docentes, serán para aquellos alumnos (en grupos de entre cinco y diez) con problemas de comprensión en las materias básicas e instrumentales, mientras que los programas de acompañamiento escolar, que ejercerán los estudiantes de cursos superiores, pretenden desarrollar en los escolares más pequeños hábitos de trabajo, lectura y estudio. Los tutores, que podrán ser alumnos de Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Universidad, y profesores del centro, recibirán remuneración por su trabajo. En cada centro existirá un coordinador del programa.
Los alumnos de Primaria contarán con tutorías y programas de acompañamiento, pero en Secundaria también se apuesta por mediadores socioculturales para mejorar la convivencia en los centros y posibilitar una mayor integración de inmigrantes y otros alumnos con dificultades. Además, también se proponen iniciativas de desarrollo de capacidades para los estudiantes que más destacan en determinadas materias.
Los primeros programas se aplicarán en 600 colegios durante el último trimestre de este curso 2004-2005 en Primaria, mientras que en Secundaria se comenzarán a desarrollar en el primer trimestre del próximo año académico. No obstante, el Gobierno y las autonomías acordarán un calendario de aplicación, así como su extensión e impacto a lo largo de los tres o cuatro próximos años, y se someterán a evaluación para conocer su utilidad. |
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