Defensa de la lectura socializada frente a los nuevos peajes de la cultura

 

Hervé Le Crosnier

 

¿Repensar los derechos de autor? sí, pero ¿en vistas de qué proyecto social y cultural?: defender la lectura socializada frente a los nuevos peajes de la cultura. Este artículo apareció publicado originalmente en marzo de 2003, en el número 55 de la revista Archipiélago, cuya carpeta principal se dedicó a la propiedad intelectual y la libre circulación de ideas.

 

En un artículo aparecido el 9 de septiembre de 2002 en Libération, Nidam Abdi nos incita a repensar los derechos de autor en la era digital.1

Loable intención, pero pobres propuestas. El eje general del artículo es el rechazo del canon impuesto sobre las herramientas de copia digital privada, un canon decidido en julio por la comisión Brun-Buisson en el mismo sentido de los anteriores cánones sobre la copia analógica: canon sobre las fotocopiadoras y los productos de copia que permite la existencia del CNL (Centre National des Lettres); canon sobre las cintas de audio y vídeo utilizadas en las actividades de formación, etc. Es evidente que el artículo incita a rechazar la intermediación socializada entre los gestores de los derechos de copia y los individuos que desean disponer de una copia privada, sin que se precise solución alguna para evitarla... ¿acaso no había un increíble pasaje de un jurista que nos asestaba que, «en principio, la remuneración por copia privada no debería permitir la representación de una obra en un marco privado sin el consentimiento de los autores». Nos quedamos estupefactos.

El conjunto del artículo pasa por alto la naturaleza de los derechos de autor y el estatuto particular de las obras literarias y artísticas que se encamina a proteger. Desde el momento en que considera las obras como mercancías tradicionales, «repensar los derechos de autor» se limita a encontrar soluciones técnicas para garantizar el pago por el acto de leer. La invitación final a las «reflexiones» que se están llevando a cabo en los Estados Unidos bajo la égida de Michael Eisner, patrón de Disney, cuyo deseo es hacer obligatorios los dispositivos anti-copia de las herramientas digitales (ordenadores, pero también televisores digitales, PDA, etc.), no hace más que reforzar la idea de que, bajo la confusión de los proyectos, se esconde una clara orientación encaminada a incrementar la mercantilización de la cultura. Una orientación opuesta a los intereses globales de la sociedad.

Desde el primer «Estatuto de la Reina Ana», en 1710, los derechos de autor se conciben como un derecho de equilibrio entre los intereses de la sociedad («animar a los hombres iluminados a componer y a escribir libros útiles», decía el Estatuto) y los de los autores. Estos últimos disponen del monopolio de explotación de sus obras, que no pueden ser editadas o representadas sin su consentimiento. Consentimiento que, en general, se concede a cambio de una retribución, aunque éste no sea siempre el caso, como lo demuestran ciertos movimientos como el actual del software libre. Esta lógica del equilibrio se traduce evidentemente en toda una serie de medidas que permiten asegurar la socialización de la lectura: existencia de un «dominio público» en el que se colocan las obras algunas décadas después de la muerte del autor para garantizar su libre reproducción, constituyendo así un patrimonio global; existencia de un derecho vinculado a la primera compra que permite el préstamo o la donación de libros; derecho de cita, de caricatura; y, por último, derecho de copia privada. En el transcurso de estos últimos años estos derechos se están poniendo en tela de juicio bajo la presión de las grandes empresas y de los grupos de presión, que poseen unos «catálogos de derechos» y pretenden actuar en nombre de los autores. El público crédulo cree defender a Flaubert o al cantante desconocido, pero se ve embarcado en el intento de financiarizar la cultura emprendido por Microsoft, Elsevier, Vivendi-Universal y compañía.

Ésta es la lógica liberal que predomina en numerosas intentonas actuales encaminadas a repensar los derechos de autor. En los principales proyectos, se trata, en realidad, de limitar los derechos de la sociedad en su conjunto, los derechos del lector, los derechos del público, a riesgo de incrementar las desigualdades de acceso a la cultura (véase el debate acerca del préstamo de libros en las bibliotecas o la intención de cobrar las reproducciones en las escuelas) y a riesgo de un empobrecimiento cultural y científico a medio plazo. Pero los cálculos económicos de los grandes accionistas de la cultura, para quienes los «derechos» se confunden con las carteras de los «derechos de copia» (copyright), no alcanzan a contemplar la posibilidad de una sociedad que haya perdido ese equilibrio. Un equilibrio que, desde hace tres siglos, ha sabido provocar una explosión del conocimiento y elevar el nivel cultural a escala global, promoviendo de esta forma una ampliación de la democracia.

Es preciso decirlo bien alto: la difusión cultural es un fenómeno social y no se debe reflexionar en razón de las novedades técnicas, sino con arreglo a un auspiciado devenir social de la lectura. Una «lectura» entendida aquí en su sentido amplio de acceso a las obras (leer, pero también escuchar, asistir a un espectáculo, ver una película o un vídeo). Sí, la técnica cambia y permite que la circulación de las obras sea más fluida: copias idénticas en la era digital, nuevos formatos intercambiables a través de la red, interconexión planetaria... y democratización de los accesos a los dispositivos de lectura gracias a la bajada de los precios y a la disponibilidad que de ellos se tiene en los espacios públicos (colegios, bibliotecas... ). No obstante, esas mismas tecnologías de lo digital y de la red permiten así mismo un seguimiento más preciso de los usos que se hacen de las obras y de los hábitos culturales de las personas, lo que no deja de ser un peligro para las libertades individuales. La tecnología es un Jano bifronte, hasta el punto de que invocarla como la razón esencial de una transformación social es un truco de prestidigitación que consiste en correr un tupido velo sobre la realidad económica y las relaciones de poder de las transformaciones propuestas.

¿Qué se pretende cuando se desea «repensar los derechos de autor»? ¿Favorecer la difusión cultural encontrando nuevos y diversos modos de financiar la creación, o bien transformar los bienes culturales en unas mercancías cuyo pago estaría vinculado a cada acto de lectura, según el modelo del peaje?

En la fase precedente, transcurrida durante el siglo XX, la remuneración de los autores tenía lugar en el momento de la industrialización de la obra (impresión de un libro vinculado al «contrato de edición», prensado de discos, etc.). Éste es un modelo que permite unos usos inéditos de las obras, una circulación de la cultura, la constitución de «grupos de lectores». El modelo que permite, por ejemplo, a unos grupos de adolescentes intercambiar su música preferida, para mayor provecho «general» de la industria musical. Quien aporta las obras originales que se copian alcanza la talla de prescriptor musical. Espera, por lo tanto, ser imitado por los demás miembros del grupo, quienes aportarán a su vez obras nuevas. Este fenómeno provoca un aumento del consumo cultural general y evita, en la medida de lo posible, que las compras se limiten a las músicas consideradas como «esenciales» en un momento dado en el grupo de adolescentes. Sí, los adolescentes se valorizan a través del trabajo creativo de otros, de los autores que abanderan. ¿Y qué? ¿Acaso la obra cultural no desempeña el papel de promover el reconocimiento mutuo y el intercambio social? ¿No es precisamente ésa la razón de que los bienes culturales posean un estatuto diferente, un estatuto garantizado por las reglas de los derechos de autor que favorece el uso de las obras en el ámbito privado? Es cierto que cuando la esfera privada se extiende al planeta en red y el fenómeno de la copia no queda limitado por la capacidad de conocer «intuite personnae» a quien posee una obra deseada, se suscitan nuevos problemas. Es preciso tratarlos. Pero tratarlos, sobre todo, sin poner en tela de juicio la actividad de lectura socializada tan esencial para la formación cultural, una apuesta por usos posteriores que se traducirán a su vez en la compra de obras en los años venideros. La cultura se alimenta de sus propias prácticas aunque a primera vista éstas fagociten las obras existentes. Esto siempre ha sido así, y así ha de continuar en pos de la expansión y de la democratización del conocimiento.

¿Por qué inquietarse a causa de las tentativas liberales de «repensar los derechos de autor»? Porque el otro aspecto del Jano bifronte de las evoluciones tecnológicas es un conjunto de medios de seguimiento de los usos que permite ponerlos en vereda, estigmatizar a los lectores y, por último, instituir una sociedad de control cultural. Es cierto que estamos asistiendo tan sólo a sus balbuceos. Los Cd´ s anti-copia ilegibles por el ordenador son todavía inestables, hasta el punto de que los grandes sellos musicales como BGM y Universal Music están dando ahora marcha atrás. Pero la dinámica económica general tiende hacia el pago en el momento del uso, de cada uso, y para ciertos usos precisos y delimitados, previamente descritos por el productor cultural. Todo el conjunto embalado en un fichero XML y guardado en las nuevas bases de datos de certificación que van a constituir el futuro megapoder de la industria cultural o, más bien, de la industria del entretenimiento.

Ahora bien, en la previsión, la organización y el seguimiento de los usos de las obras culturales se esconde un verdadero peligro. El peligro de limitar la innovación, de reducir la capacidad de las obras de unir a los grupos humanos en torno a prácticas sociales de conocimiento y de placer cultural. Porque es el segundo estatuto de la obra literaria y artística el que se olvida en la vulgata actual acerca de los derechos de autor: el objetivo de la cultura es tejer a los individuos en redes de prácticas comunes. Es esta fabulosa externalidad positiva de la obra de arte la que la hace tan indispensable para las sociedades democráticas.

Sí, es necesario «repensar los derechos de autor», pero en función de proyectos sociales y culturales y no bajo la máscara de la tecnología. Y para ello conviene sacar a la lectura socializada del ámbito de lo no pensado. La lectura socializada que, más allá de las practicas individuales, lleva a funcionamientos de grupo: en las instituciones sociales (escuelas, bibliotecas), pero también en las redes sociales de los individuos. En ese dominio hay pistas que explorar muy alejadas del guirigay al que se dedican las megacompañías de gestores de bienes culturales.

En este debate, que es preciso convocar en el espacio público, que es preciso «repolitizar», conviene preguntarse por el lugar de la sociedad civil. En calidad de complemento de los derechos políticos, sociales y económicos, ¿cuál es el envite de un derecho a la información, al conocimiento y a la cultura? Y, dentro de este marco, ¿cuál es la posibilidad de existencia del régimen de equilibrio específico de los derechos de autor, es decir, cómo asegurar la retribución equitativa de los autores y de todo el entorno que hace posible la producción y la difusión cultural (la industria cultural, la educación, la edición, las bibliotecas, etc.) sin dañar ese bien público global que es el conocimiento?

Traducción: Marisa Pérez Colina

 

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